Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

ABOGADO

1. Abogado defensor. Obligatoriedad en procesos penales. l. […] Esta garantía consiste en el derecho irrenunciable que se le consagra al imputado de ser asistido por un abogado para ayudarle en sus medios de defensa. Es decir, por un abogado de su elección. El juez está obligado a permitir que el imputado sea asistido por su abogado y, en caso de que este no tenga o no quiera nombrar uno, debe velar por el nombramiento de uno a cargo del Estado, como son los abogados de la Defensoría Judicial o los de oficio. Implica, igualmente, este principio la posibilidad de que el justiciable se pueda comunicar con su abogado de forma permanente y efectiva durante la sustanciación del proceso en cualquier fase, desde el momento del arresto. Este principio es aplicable, por igual, en todos los ámbitos [sic]. (Sentencia TC/0011/14, del 14/1/2014).

2. Abogado de elección. i. […] en lo que concierne a la designación de un abogado de elección, en el contexto de un recurso de revisión, lo que se debe verificar es si tal condición fue infringida durante el proceso llevado a cabo ante el tribunal mismo que dictó la sentencia recurrida. Así, en la especie se observa que en el proceso desarrollado ante la Segunda Sala del TSA, el recurrente, señor […], se hizo representar en dicha instancia por el licenciado […], según consta en lo relatado en la sentencia recurrida; mismo abogado que figura como su apoderado legal en la instancia contentiva del recurso de revisión que hoy nos ocupa, siendo evidente que este ha contado con un abogado de su elección en el recorrido procesal transitado hasta llegar a este tribunal; por lo que el argumento relativo a que ha sido vulnerado su derecho a hacerse representar con un abogado de su elección debe ser desestimado, lo cual aplica tanto para el caso de la entrevista realizada con motivo del proceso disciplinario realizado en su contra, como para el proceso llevado a cabo por ante el tribunal a quo. (Sentencia TC/0012/23, del 13/1/2023).

3. Visita a los detenidos. Ausencia de protocolo. c) […] el TC estima que, con relación al recinto de detención de referencia, constituye una notoria anomalía la carencia de un protocolo de regulación de entradas y salidas de defensores públicos y abogados interesados en prestar servicios profesionales a los detenidos. Y que para resolver la situación descrita resulta recomendable, por tanto, que todos los recintos de detención localizados en los palacios de justicia y en los establecimientos policiales cuenten con un protocolo que regule las entradas y salidas de los defensores públicos y abogados. (Sentencia TC/0018/12, del 13/6/2012

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