Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

  1. Definición. i. […] El derecho a acceder a la información pública es una derivación del derecho que tiene todo individuo a la libertad de opinión y de expresión, en la medida en que una persona desinformada no tiene la posibilidad de expresarse con eficacia y libertad. Ciertamente, la carencia de información coloca al individuo en la imposibilidad de defender sus derechos fundamentales y de cumplir con los deberes fundamentales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales de los cuales el Estado dominicano es parte (Art. 19 de la DUDH, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 217 (III), del 10/12/1948; artículo 13 de la CADH, San José, Costa Rica, del 7 al 22/11/1968; Art. 19 del PIDCP). (Sentencia TC/0082/16, del 7/4/2016).

1.1 m. […] procede señalar que la Constitución, en su artículo 49.1, consagra el derecho a la libertad de información, estableciendo lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley”. n. En ese tenor, cabe reiterar lo expresado por este tribunal en la Sentencia TC/0042/12 en los siguientes términos: “Este derecho tiene una gran relevancia para el fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho instituido por el artículo 7 de nuestra Carta Sustantiva, ya que su ejercicio garantiza la transparencia y permite a la ciudadanía acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado”. (Sentencia TC/0687/17, del 8/11/2017).

  1. Finalidad. hh) […] el derecho al libre acceso a la información pública tiene como finalidad controlar el uso y manejo de los recursos públicos y, en consecuencia, ponerle obstáculos a la corrupción administrativa, flagelo que, según se hace constar en el preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción (de 29/3/1996) y el de la Convención de la ONU contra la Corrupción (de 31/10/2003), socava “[…] las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia […]”. (Sentencia TC/0042/12, del 21/9/2012).

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