Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

ACTO ADMINISTRATIVO

1. Noción. e. El concepto de acto administrativo, tal como recoge la sentencia recurrida, viene establecido en el art. 8 de la Ley núm. 107-13 en términos de que: Acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, juicio o conocimiento realizada en ejercicio de función administrativa por una Administración Pública, o por cualquier otro órgano u ente público que produce efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros. De manera que un acto administrativo para ser considerado como tal, tendría que cumplir con todos los requisitos que establece la definición que ofrece la citada norma y, concretamente, queremos destacar los relativos a efectos jurídicos directos, individuales e inmediatos frente a terceros. Estas características constituyen elementos esenciales del concepto de acto administrativo de acuerdo con la doctrina especializada, los cuales no se pueden endilgar al concepto de discurso de rendición de cuentas. Los actos administrativos pueden ser muy variados y van desde la concesión de una beca, la licencia de conducir o de portar arma, permiso para abrir un establecimiento, multa de tránsito, entre otras. (Sentencia TC/0333/23, del 5/6/2023).
1.1. d. […] un acto administrativo es la manifestación de la voluntad unilateral de la Administración Pública, el cual posee efectos particulares o generales capaces de producir consecuencias o modificaciones jurídicas. (Sentencia TC/0045/22, del 15/2/2022).

2. Presunción de legalidad. i. […] los actos dictados por la Administración Pública son válidos y componen una presunción de legalidad que es lo que permite a los administrados realizar actuaciones e inversiones en base a los derechos reconocidos, otorgados y protegidos por dichos actos. Tal permanencia es lo que, en definitiva, provee de confianza y seguridad jurídica a los administrados sobre un acto que es ejecutivo, tiene eficacia jurídica, fuerza obligatoria y que, finalmente, debe cumplirse en la forma en que fue dictado. Así pues, para que un acto administrativo pueda dejar de tener los efectos que por su naturaleza le acompañan, debe ser expulsado del ordenamiento jurídico en las formas y por las razones constitucionales y legales permitidas, como ha dicho previamente este tribunal, por ejemplo, siendo “revocado por la administración en cuestión o declarado nulo por la jurisdicción contenciosa-administrativa”. (Sentencia TC/0226/14, del 23/9/2014).

3. Clasificación. [Los actos administrativos se clasifican en:] 3.1 9.5 […] Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido de la norma, el TC verifica si la autoridad pública responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la Constitución y del bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional). (Sentencia TC/0041/13, del 15/3/2013).

3.2 9.5 Los actos administrativos de efectos particulares y que sólo inciden en situaciones concretas, deben ser tutelados mediante la acción en amparo si se violan derechos fundamentales (Art. 75 de la LOTCPC) o por la jurisdicción contenciosa-administrativa en caso de violarse situaciones jurídicas o derechos no fundamentales dentro del ámbito administrativo, estando la decisión final sujeta a un recurso de revisión constitucional de sentencias (Art. 53 de la LOTCPC), por lo que no escapa en ningún caso al control de la justicia constitucional. (Sentencia TC/0041/13, del 15/3/2013).

3.3 9.5 […] Los actos administrativos producidos en ejecución directa e inmediata de la Constitución y en ausencia de una ley que los norme, aún no ostenten un alcance general o normativo, pueden ser impugnados mediante la acción directa en inconstitucionalidad al tratarse de actuaciones que la Ley Sustantiva ordena realizar bajo ciertas formalidades de tiempo o modo y a los fines de que se garantice la supremacía constitucional, el tribunal debe verificar el cumplimiento íntegro y cabal del mandato constitucional. (Sentencia TC/0041/13, del 15/3/2013).

4. Revocación. Facultad. Requisitos. j. […] que para la revocación de los actos administrativos resulta necesario que ésta se realice por la autoridad que lo ha dictado. Ello está sujeto a que dicha revocación no afecte el interés público o contraríe el ordenamiento jurídico. Al respecto, esa decisión indica lo que a continuación citamos: Se entiende por revocación el retiro del ordenamiento jurídico de un acto administrativo por la propia administración que lo dictó mediante un acto con efecto contrario al retirado. Cuando se trata de actos administrativos que afectan derechos o son de gravamen para el administrado, los mismos pueden, en principio, ser revocados directamente por la Administración Pública que los dicto, con la emisión de un nuevo acto de revocación, siempre que dicha revocación no vaya en detrimento del interés público o contraríe el ordenamiento jurídico. Sin embargo, cuando se trata de actos administrativos que son favorables al administrado, actos declarativos o actos que reconocen u otorgan derechos, el principio es la irrevocabilidad de los mismos. Esto en razón de que, como hemos señalado, los actos que crean derechos colocan al administrado en una situación de seguridad jurídica que le permite realizar actos en base al acto otorgado por la administración. Por tanto, para poder revocar un acto que reconoce u otorga derechos, la Administración no puede perjudicar al administrado a favor de quien se emitió el acto, ni a terceros que pudieran resultar afectados. (Sentencia TC/0226/14, del 23/9/2014).

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