Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

AMPARO ADMINISTRATIVO

1. Fundamento legal. k) En lo que tiene que ver con las actuaciones administrativas […] el art. 75 [de la LOTCPC] afirma que: “artículo 75. Amparo contra Actos y Omisiones Administrativas. La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”. Este tribunal entiende que en el caso que nos ocupa, es correcta la decisión del juez de amparo de conocer y decidir de la acción sin remitir el caso ante el TSA, pues en atención a la urgencia en la construcción de las aulas escolares, se requería reparar el perjuicio que la exclusión ocasionaba a los recurridos. Por esta razón la otra vía significaba prolongar en el tiempo la decisión del caso en contra de los accionantes en amparo, porque al considerar como arbitraria la acción de despojar a los recurridos de las obras ganadas en el sorteo celebrado por el MINERD, y en atención a la urgencia en la construcción de estas obras, se requería que una vez celebrado el sorteo y declarado los ganadores, se adjudicaran las mismas a quienes habían resultado beneficiarios. Este tribunal considera que cuando el acto, omisión o actuación de la Administración Pública vulnera derechos fundamentales, estos pueden ser reclamados mediante el amparo, de conformidad con el art. 72 de la Constitución y 65 de LOTCPC. Corresponderá al juez de amparo, previo análisis de la acción, determinar cuál es la vía idónea para resarcir el derecho fundamental conculcado. En este caso, si bien es cierto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era competente para conocer del reclamo de los accionantes por vía administrativa, la vía del amparo era la idónea, en razón de la urgencia en la construcción de las aulas y de la inmediatez en la reparación del perjuicio causado por la exclusión de los recurridos. resarcir el derecho fundamental conculcado. En este caso, si bien es cierto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era competente para conocer del reclamo de los accionantes por vía administrativa, la vía del amparo era la idónea, en razón de la urgencia en la construcción de las aulas y de la inmediatez en la reparación del perjuicio causado por la exclusión de los recurridos. (Sentencia TC/0388/15, del 16/10/2015).

2. Vía idónea. m. […] cuando el acto, omisión o actuación de la Administración Pública vulnera derechos fundamentales, estos pueden ser reclamados mediante el amparo, de conformidad con el art. 72 de la Constitución y 65 de la LOTCPC. Corresponderá al juez de amparo, previo análisis de la acción, determinar cuál es la vía idónea para resarcir el derecho fundamental conculcado. En este caso, si bien es cierto que la jurisdicción de lo contencioso administrativo era competente para conocer del reclamo de los accionantes por vía administrativa, la vía del amparo era la idónea, en razón de la urgencia en la construcción de las aulas y de la inmediatez en la reparación del perjuicio causado por la exclusión de los recurridos. (Sentencia TC/0388/15, del 16/10/2015).

3. Acto administrativo y juez de amparo. o) […] mientras el juez de amparo no puede conocer de la anulación de actos administrativos per se –ya que esto corresponde a la jurisdicción ordinaria, en especial la jurisdicción contenciosa administrativa–, sí puede conocer de las actuaciones y/u omisiones que la administración cometa –en este caso el MINRD–, que puedan vulnerar derechos fundamentales, como lo es, en el presente caso, la descalificación de la […] y de […] del sorteo en el que resultaron gananciosos. (Sentencia TC/0388/15, del 16/10/2015).

4. Interrupción civil de la prescripción. i. […] las violaciones invocadas son de naturaleza continua y por ende, con su comisión se renueva el plazo para las acciones en su contra, en particular, el recurso contencioso-administrativo. j. No obstante, se impone observar que, al momento de la emisión de la sentencia de amparo, el indicado plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se encontraba holgadamente vencido. Esta situación implica que cuando los amparistas intenten procurar la restitución de sus derechos fundamentales por la vía contencioso-administrativa, su recurso estaría destinado a la inadmisibilidad por prescripción. Esta traba procesal colocaría a los accionantes en un estado de indefensión por la circunstancia de no poder obtener respuesta judicial en relación a los méritos de sus pretensiones. De manera que ante esta situación, para superar la indefensión de los amparistas, el TC aplicará a la especie el criterio de la interrupción civil de la prescripción desarrollada en la Sentencia TC/0358/17. Al respecto, conviene notar, sin embargo, que la aplicación de este criterio se limitó a las acciones de amparo sometidas con posterioridad a la fecha de publicación de la sentencia aludida (29/6/2017), por lo cual quedaron tácitamente excluidos del ámbito de aplicación de la indicada sentencia los amparos promovidos antes de dicha fecha, como ocurre en el caso que actualmente nos ocupa, en el que la acción fue promovida el 10/6/2011. k. Sin embargo, el TC hizo uso de la prerrogativa establecida en el art. 31.1 de LOTCPC, 17 y modificó el referido precedente, mediante la Sentencia TC/0344/18, de manera que el criterio de la interrupción civil operara en todos los casos en los cuales esta sede constitucional decida inadmitir la acción de amparo por la existencia de otra vía judicial más efectiva (art. 70.1 de LOTCPC), independientemente de la fecha de sometimiento de la acción, siempre que esta última se encuentre pendiente de fallo ante el juez de amparo, o ante este colegiado, con ocasión del recurso de revisión constitucional. Con la variación del indicado precedente, en los términos anteriormente expresados, resultan indicados en el párrafo anterior, es posible aplicar el criterio de la interrupción civil a la acción de amparo de la especie, promovida por Sol y Luz y compartes ante el TSA el 10/6/2011. En este orden de ideas, el TC reitera que, al tenor de lo dispuesto en el art. 70.1 de LOTCPC, procederá a declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por la empresa Sol y Luz y compartes por la existencia de otra vía más efectiva para la tutela de los derechos fundamentales que alegan les fueron vulnerados, que, en la especie, es la jurisdicción contencioso-administrativa. (Sentencia TC/0870/18, del 10/10/2018).

5. Interrupción civil. Cambio de precedente. h. Como se observa, este tribunal estableció que dicha interrupción sólo se aplicaría a las acciones de amparo interpuestas con posterioridad a la fecha de publicación de la Sentencia TC/0358/17, es decir, a partir del 29/6/2017. De manera que en todos los casos en que la acción de amparo se declare inadmisible porque exista otra vía efectiva, la interrupción civil no aplicaría si la interposición de la acción fuere posterior al 29/6/2017. i. Resulta evidente que si el tribunal continúa aplicando el precedente que nos ocupa, una cantidad considerable de acciones se declararía inadmisible cuando la parte interesada acuda a la otra vía, toda vez que el plazo previsto por la legislación aplicable a la acción o recurso que considerare la otra vía efectiva, estaría ventajosamente vencido. j. Lo anterior se traduciría en un desconocimiento del artículo 69 de la Constitución, en el cual se consagran las garantías del debido proceso. En aras de remediar esta situación, se impone que el precedente desarrollado en la Sentencia TC/0358/17 sea modificado, en lo que concierne, de manera específica, a la aplicación temporal del mismo. En este orden, la interrupción civil operará en todos los casos que la acción de amparo haya sido declarada inadmisible porque existe otra vía efectiva, independientemente de la fecha en que la acción de amparo haya sido incoada. (Sentencia TC/0222/23, del 4/5/2023).

6. Incompetencia. Contenciosa-electoral. 9.14 En el marco de competencia revisora de amparo, este tribunal ha ponderado situaciones en las que determinado órgano jurisdiccional ha incurrido en un error procesal al decidir sobre una controversia […] para el cual no era competente, en razón de que la naturaleza del conflicto era administrativa y no electoral, ya que no se trata de un asunto contencioso electoral ni de un diferendo interno entre partidos, sino de un acto que emana de una autoridad administrativa, cuya impugnación, ya sea por la vía de amparo o por la vía administrativa, debió ser conocida por organismos judiciales en atribuciones de jurisdicción contencioso–administrativa. El incumplimiento de las reglas de competencia constitucional y legalmente previstas ha derivado en la anulación de las decisiones impugnadas en revisión constitucional, por considerarse una intromisión en la esfera que ha sido reservada a otro orden jurisdiccional. (Sentencia TC/0282/17, del 29/5/2017)

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