Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

MEDIDAS DE COERCIÓN

1. Noción. f. […] las medidas de coerción, también conocidas como medidas cautelares, son órdenes que intentan que el tiempo que tarda en sustanciarse un proceso no acabe provocando la inutilidad práctica […]. Estas medidas restrictivas tienen carácter personal, cuyo objetivo primordial es el de asegurar la presencia de la persona investigada por la comisión de un delito al proceso penal, para evitar que se sustraiga del mismo. g. En la misma tesitura de lo antes indicado es necesario destacar que las medidas de coerción establecidas en el artículo 222 del C. P. P. dominicano se rigen por los principios de excepcionalidad y provisionalidad o temporalidad. Esta jurisdicción constitucional hace énfasis en el carácter provisional de las medidas de coerción, el cual implica la posibilidad de ser variadas y/o cesadas provisionalmente en cualquier momento, siempre que no haya intervenido una sentencia condenatoria. Esto así, pues, luego de que el tribunal apoderado del fondo pronuncia una sentencia condenatoria, especialmente en el caso de la prisión provisional, el carácter provisional o temporal de dicha medida cesa y pasa a constituir una prisión consecuencia de una condena producto de una decisión con autoridad de cosa juzgada. (Sentencia TC/0298/23, del 19/5/2023).

2. Medidas de coerción y pena. Diferencia. 9.14. Es importante distinguir claramente los fines que se persiguen con las medidas de coerción, de aquellos que son propios de la pena. Las medidas de coerción (entre las cuales figura la libertad provisional bajo fianza) tienen por finalidad evitar que el procesado se sustraiga al proceso que se le sigue mediante la fuga. Por otro lado, la pena, cumple entre otras funciones de prevención general y especial, destinadas a evitar que el condenado vuelva a cometer el hecho por el cual se le procesó y para que la sociedad y los terceros se vean disuadidos de cometer delitos ante la amenaza de la aplicación de una sanción penal a quienes así se comporten. En consecuencia, cuando se le atribuye a la medida de coerción un fin como el de proporcionar seguridad a la ciudadanía, se le está reconociendo fines que no le son propios y que corresponden a los fines de la pena que son prevención general y no de cautela al proceso que se sigue en contra de un imputado, por lo que la citada disposición vulnera no sólo el principio de presunción de inocencia, sino también el de razonabilidad. (Sentencia TC/0380/15, del 15/10/2015).

3. Registro de medidas de coerción. 9.2.3. La circunstancia de que las autoridades de la PGR –responsables de administrar el registro temporal de investigación delictiva– acopien datos relativos a las medidas de coerción que los tribunales judiciales del ámbito penal imponen a las personas imputadas por la comisión de infracciones, no constituye una medida que vaya en desmedro de la presunción de inocencia que debe amparar a todo inculpado hasta tanto se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable, conforme estipula el artículo 69.3 de nuestro Pacto Fundamental. Dicho registro tiene un carácter temporal y tiene la finalidad de permitirle al MP tener un control de las personas sujetas a medidas de coerción durante el tiempo que dure la misma. El registro no les confiere a las personas acusadas la condición de condenadas, ni tiene un carácter jurídicamente vinculante susceptible de influir en la decisión judicial del tribunal penal de fondo respecto de la culpabilidad o no de las personas imputadas. Además, si bien este registro no tiene un carácter público, las informaciones asentadas en el mismo están disponibles para los organismos de investigación del Estado. (Sentencia TC/0044/17, del 13/1/2017).

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