Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

MEDIO AMBIENTE

1. Deber del Estado. r. En ese mismo orden de ideas, la carta sustantiva precisa en su artículo 67, lo siguiente: Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales, a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza. s. Es por todo ello que el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado y sano los constituyentes ha sido incorporado a la Constitución para su garantía y protección, a fin de preservar el equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y la calidad de vida, todo ello prevaleciendo frente al progreso económico que pueda desarrollarse ante la extracción de mina. (Sentencia TC/0128/22, del 27/4/2022).

1.1 8.3. […] Constituye además deber del Estado proteger y mantener el medio ambiente en provecho de todas las personas, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza, de acuerdo al artículo 67, numeral 1 de la Constitución. Es el hábitat donde los recursos genéticos y la biodiversidad encuentran espacios para realizar su función natural de preservación de su distinta variedad. Se trata, pues, de las cláusulas de protección que procuran el desarrollo armónico de las presentes y futuras generaciones. (Sentencia TC/0320/23, del 5/6/2023).

1.2. 10.15. […] la necesidad de que los poderes públicos cumplan con el deber que el ordenamiento jurídico le establece en cada caso. En este sentido, es necesario llamar la atención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, no sólo en cuanto al deber de agotar los procedimientos administrativos de concesión de autorización basados en los requisitos legalmente previstos, sino también en cumplir con su labor de supervisión de las actividades autorizadas para garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo las cuales se otorgan autorización de uso y explotación de recursos naturales, en este caso, el programa de manejo ambiental y adecuación. 10.16. En efecto, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la RD, en su calidad de órgano rector para la protección del medio ambiente, tiene el deber de cumplir las funciones que el ordenamiento jurídico establece -normas nacionales y convenios internacionales suscritos por el Estado- para la protección efectiva del medio ambiente. En consecuencia, el incumplimiento de estas obligaciones podría dar lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, así como también de los servidores públicos responsables de la concreción de las distintas tareas. (Sentencia TC/0458/21, del 3/12/ 2021).

2. Medidas para su protección. Alcance. 10.32 […] las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma en aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país. 10.33 Si bien la explotación de los yacimientos mineros puede constituir una importante actividad generadora de riqueza que contribuye con el impulso del desarrollo económico, no es menos cierto que la necesaria protección del medio ambiente entraña tomar en cuenta los efectos devastadores que con frecuencia produce esta actividad, y cuando los estudios relativos al impacto ambiental de estos arroja resultados de tan alta negatividad, como expresan los informes expuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), capítulo RD, y por la Academia de Ciencias de la RD, es preciso concluir que se ha pretendido la exploración y explotación de yacimientos mineros (recursos naturales no renovables) sin la existencia de un criterio medio ambiental sostenible. 10.34 Resulta evidente al tener las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente un carácter general supranacional que propugna por la protección del bienestar de todos los seres humanos, estas hacen que los derechos de libertad de empresa y de trabajo queden limitados en su aplicación y efectos para permitir la plena ejecución de dicha preservación. (Sentencia TC/0167/13, del 17/9/2013).

3. Evaluación de impacto. Finali-dad. 10.15 […] las evaluaciones relativas al impacto del medio ambiente constituyen una útil herramienta técnica aplicable a todos los países. Con las mismas se procura demostrar que en determinadas actividades vinculadas se cumplen las normas medioambientales vigentes y se adoptan las providencias orientadas para reducir a su mínima expresión, aquellas que resultan inevitables. (Sentencia TC/0167/13, del 17/9/2013).

4. Imparcialidad del órgano evaluador. 10.16 En la especie, este tribunal, al valorar la importancia de la materia involucrada y tomando en cuenta las facultades conferidas por la citada ley [LOTCPC], adoptó iniciativas orientadas a obtener la mejor edificación para producir un análisis y ponderación cónsonos con el elevado interés general. De ahí que apelara a las evaluaciones y consideraciones técnicas presentadas y difundidas por órganos acreditados que, como el capítulo dominicano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Academia de Ciencias de la RD, no atendieran a ningún tipo de interés particular. Estas consideraciones fueron publicitadas, así fueron conocidas y respondidas por la contraparte, lo que aseguró el contradictorio. (Sentencia TC/0167/13, del 17/9/2013).

5. Medio ambiente. Prueba del daño. h.[…] De manera particular, existe constancia de la licencia ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que, además de hacer mención del estudio de impacto ambiental llevado a cabo para determinar la viabilidad del proyecto, contiene una serie de obligaciones a ser asumidas por su beneficiario, entre las que se contempla la obligación de construir una planta de tratamiento de residuos, cuyo incumplimiento podría dar lugar a la revocación de la licencia. i. Los actos antes señalados se encuentran investidos de una presunción de legalidad, hasta tanto su nulidad sea declarada por la autoridad competente. Por tanto, ante la inexistencia de aval probatorio que justifique el posible daño que la construcción podría causar. En otras palabras, resulta necesario que quien invoque la protección de un derecho fundamental, aporte las pruebas de lugar en virtud de las cuales pueda verificarse si se configura una vulneración al mismo, o bien, si existe una amenaza de ello. (Sentencia TC/0335/23, del 5/6/2023).

6. Políticas públicas. Fines. 11.16 En efecto, la Ley núm. 202-04, sectorial sobre Áreas Protegidas, con el propósito de garantizar el éxito de su aplicación, ha consagrado una serie de principios generales, entre los cuales se establece que: […] el ser humano es el principal ente que debe ser protegido en la naturaleza y se reconoce el derecho de la presente y las futuras generaciones de dominicanos al beneficio y al producto de los bienes y servicios ambientales que le puedan brindar los ecosistemas y las especies existentes. De igual forma, la Constitución pone a cargo del Estado el deber de promover […] la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación y constituye una prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. En sentido similar se ha pronunciado este TC al establecer en su Sentencia TC/0167/13 […] que las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general En efecto, la Ley núm. 202-04, sectorial sobre Áreas Protegidas, con el propósito de garantizar el éxito de su aplicación, ha consagrado una serie de principios generales, entre los cuales se establece que: […] el ser humano es el principal ente que debe ser protegido en la naturaleza y se reconoce el derecho de la presente y las futuras generaciones de dominicanos al beneficio y al producto de los bienes y servicios ambientales que le puedan brindar los ecosistemas y las especies existentes. De igual forma, la Constitución pone a cargo del Estado el deber de promover […] la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la nación y constituye una prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales. (Sentencia TC/0905/18, del 10/12/2018.)

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba