Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

MINISTERIO PÚBLICO

1. Órgano del Sistema de Justicia. m. De conformidad con las disposiciones del artículo 169 de la Constitución, el MP es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo I.-En el ejercicio de sus funciones, el MP garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Párrafo II.-La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del MP u otro organismo que a tal efecto se constituya. (Sentencia TC/0406/14, del 30/12/14).

2. Separación de funciones. 9.2 Específicamente, el artículo 22 del CPP, se encarga, en el mandato que contiene, de precisar esa separación de funciones, al disponer que el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el MP actos jurisdiccionales. Las restantes disposiciones impugnadas se encargan de definir los tipos de acciones penales contempladas en el código; establecer la obligatoriedad de la acción pública; fijar las condiciones de su ejercicio cuando se está en presencia de la acción pública a instancia privada y de acción privada; determinar el momento de presentación del escrito de Constitución en actor civil; definir la forma y contenido de las querellas; y finalmente, fijar las condiciones de inadmisibilidad de la querella. (Sentencia TC/0043/13, del 23/1/2013).

3. Principio de unidad del MP. o. El aludido principio de unidad del MP se encuentra consagrado en el artículo 170 de la Constitución, que reza: El MP goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”. p. Asimismo, el Art.23 la Ley núm. 133-11, Orgánica del MP, del 9/7/2011, define el principio de unidad de actuaciones en la forma siguiente: El MP es único para todo el territorio nacional. Cada miembro del MP encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o cualquier otro acto conclusivo, sustenta los recursos que correspondan y lo representa íntegramente en todo el territorio de la República. El Procurador General de la República puede emitir instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del MP. Los miembros del MP deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. (Sentencia TC/0422/21, del 24/11/2021).

3.1. q. […] El referido principio tiene como principal consecuencia la configuración de un supuesto de unidad que opera desde el punto de vista orgánico y territorial. De este modo, se organiza un MP único para todo el territorio nacional y se admite la posibilidad de sustituir un fiscal por necesidad operacional o de servicio por el superior inmediato, presumiendo que cualquier actuación (acción u omisión) de sus miembros compromete al MP como institución, en virtud de que todas las actuaciones realizadas en ejercicio de la persecución penal o en defensa del organismo, derivan de la facultad de representación del Estado que recae sobre el órgano. De ahí que se conciba que el MP, en nuestro ordenamiento jurídico, actúe como un órgano unitario, de tal forma que las actuaciones ejecutadas por sus miembros se realicen por delegación involucrando al MP como órgano de la administración. r. De igual forma, en la Sentencia TC/0288/17, establecimos lo siguiente: En virtud de la indivisibilidad y unidad de este órgano estatal, al actuar uno de sus miembros en un procedimiento está representando al mismo íntegramente, ya que cada uno de ellos no actúa en su propio nombre, sino en representación de la institución a la que pertenece; en tal virtud, la acción penal puede ser puesta en movimiento o ejercida por un miembro y continuada por otro, aun cuando sea mediante la interposición de un recurso, como sucede en el caso de la especie. De ahí que, cualquier actuación –acción u omisión– de un procurador fiscal compromete al MP como entidad institucional, en virtud de que todas las actuaciones realizadas en ejercicio de sus funciones derivan de la facultad de representación del Estado que recae sobre este órgano. La doctrina internacional ha sustentado que: […] las reglas de distribución del trabajo entre sus diversos integrantes no responden, como entre los jueces, a un ideal de distribución de competencia legal (facultad jurídica concedida), sino, antes bien, a una forma burocrática necesaria (rutina) para atender los numerosos asuntos que debe tratar el oficio: de allí que el derecho de dar instrucciones para la tarea, base de la organización monocrática y jerárquica, pueda consistir, además de, en la facultad genérica de dar instrucciones, generales (válidas para varios asuntos, inclusive relativas a la distribución del trabajo) o particulares (relativas a un asunto o acto a cumplir u omitir). (Sentencia TC/0422/21, del 24/11/2021).

4. Actuación penal contra funcionarios púbicos. 11.24 Sin lugar a dudas, ambas disposiciones [arts. 85 y 288 del CPP] no solo condicionan y limitan el derecho de los ciudadanos para impulsar, por sí mismos, la acusación y actuación penal contra aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción o utilicen el poder en interés particular, lo cual, en definitiva, representa una involución de las reivindicaciones que trajo consigo el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, por cuanto sus contenidos procuran que las actuaciones penales sean monopolizadas por el MP, lo cual hace que la acción del ciudadano se convierta en la de mero colaborador de este, descansando en manos del MP todo lo relativo a la formulación de la acusación e impulso de la acción penal. Bastaría referirnos a la disposición contenida en el artículo 296 del C. P. P., de la cual se desprende que el querellante o la víctima, luego de que el MP presente acusación y les notifique, puedan hacerlo por sí mismos, o adherirse a la ya planteada por el órgano acusador. De manera, que, si el MP decide no acusar, no habría manera de que cualquier persona pueda constituirse como querellante en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de los derechos humanos. 11.25. De manera, que ante el supuesto de que el MP decida no acusar en las querellas presentadas por particulares contra funcionarios públicos por corrupción administrativa y en las violaciones contra los derechos humanos, con lo cual los ciudadanos que hubieren accionado dependerían en sus reclamos y actuaciones de lo que decidiera el MP, sin posibilidad de accionar o solicitar medidas cautelares por sí mismos, pues la parte capital del artículo 85 del CPP dispone que deben hacerlo “conjuntamente” con aquel; y la última parte del artículo 228 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida de coerción sólo procede a solicitud del MP, la modificación introducida por la Ley núm. 10-15 cercena la acción popular que se había previsto para este tipo de casos, implicando ello, como adelantáramos, una involución en lo concerniente a los avances que se introdujeron por la Ley núm. 76-02 respecto de las víctimas y querellantes en los delitos de acción pública, incluido el párrafo III del artículo 85 antes citado. [Decisión: SEGUNDO: ESTABLECER que la disposición capital del artículo 85 del Código Procesal Penal de la RD, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5 y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, el término acusar conjuntamente con el MP, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el MP. TERCERO: ESTABLECER que la disposición final contenida en la parte capital del artículo 228 del Código Procesal Penal de la RD, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5, y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, se lea en lo adelante de la manera siguiente: (…) En los casos de acción pública la medida de coerción procede a solicitud del ministerio público o de la parte querellante]. (Sentencia TC/0362/19, del 18/9/2019).

5. PGR. Límites a su potestad reglamentaria. 10.7 […] si bien es cierto, que el Procurador General de la República tiene la potestad para dictar resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento y orden de la PGR, de acuerdo con lo que confiere la Ley Orgánica del MP núm. 133–11, su facultad reguladora no alcanza a los alguaciles, ya que estos dependen de manera directa de la SCJ, tal y como se desprende del artículo 76 de la ley núm. 327 – 98 sobre Carrera Judicial que dispone: La SCJ queda facultada para determinar el número de alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo relativo a un régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus funciones, con lo cual se verifica nuevamente vulneración al principio de legalidad, específicamente se tipifica la extralimitación de atribuciones por cuanto la capacidad de reglar las actuaciones de los alguaciles es una atribución que no le corresponde al Procurador General de la República, sino a la SCJ. (Sentencia TC/0446/18, del 13/11/2018).

6. Reserva de información. Excep-ción. e. […] el artículo 291 del C. P. P. prevé una excepción de reserva de información, únicamente en circunstancias muy específicas y comprobables, a saber: Reserva. Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el ministerio público dispone el secreto total o parcial de las actuaciones, siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de investigación. En el presente caso en el expediente no existe ningún tipo de prueba que justifique o avale tal reserva de información, por lo que se impone descartar su aplicación en la especie. (Sentencia TC/0079/22, del 5/4/2022).

7. Custodia de cuerpo de delito. m. La parte accionada, Procuraduría Fiscal de La Vega, según consta en las actas de las audiencias celebradas se comprometió a condescender con la entrega del vehículo cuya custodia detentaban, y en su escrito de defensa han manifestado que tiene la disposición de devolver la motocicleta. Pero al no estar en su poder por haber sido robada de su depósito, no puede DEVOLVER taxativamente lo que no se encuentra en sus manos. n. La Ley núm. 133-11, Orgánica del MP [G. O. del 9/6/2011)], en su artículo 26, dispone lo siguiente: Atribuciones. Corresponde al MP […] 3. Custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos e instrumentos, armas de fuego o de cualquier naturaleza, equipos, bienes muebles e inmuebles en general, dinero en moneda nacional o extranjera, documentos, títulos de propiedad o de cualquier otra clase; en fin, todas las evidencias y efectos materiales vinculados al hecho punible o que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación […] 6. Regular la custodia y administración de los bienes secuestrados o incautados; o. A su vez, el CPP, en su artículo 190 consigna lo siguiente: Devolución. Tan pronto como se pueda prescindir de ellos, los objetos secuestrados que no estén sometidos a decomiso deben ser devueltos por el ministerio público a la persona de cuyo poder se obtuvieron. p. La referida Ley núm. 133-11, Orgánica del MP contiene en su Título VI, lo relativo al Régimen Disciplinario del MP, el cual, en su Capítulo I establece: Faltas y Sanciones Disciplinarias Artículo 91. Faltas graves. Son faltas graves que dan lugar a suspensión desde treinta hasta noventa días, sin disfrute de sueldo, las siguientes: 6. Ocasionar o dar lugar a daño o deterioro de los bienes que se le confían, por negligencia o falta debida a descuido; 16. Descuidar la guarda y vigilancia de la cadena de custodia a su cargo. q. De la lectura conjunta de las disposiciones supra indicadas se concluye que el MP es el órgano comisionado para custodiar y conservar, sin menoscabo alguno, todos los objetos, evidencias y efectos materiales que hayan sido incautados o secuestrados como consecuencia de la investigación de un hecho punible, y que, tan pronto como se pueda prescindir de ellos, deben ser devueltos a sus propietarios, salvo que se encuentren sometidos a decomiso. (Sentencia TC/0263/23, del 18/5/2023).

7.1 r. […] el alegato sostenido por la parte accionada, Procuraduría Fiscal de La Vega, de que la motocicleta cuya devolución se solicita fue robada del depósito de la Fiscalía, no puede ser sustentado como excusa o justificación para no cumplir con lo solicitado, pues los representantes del MP no pueden eludir su responsabilidad de conservar la cadena de custodia de los bienes sometidos a su cargo, ni ocasionar daños o deterioro por falta, negligencia o descuido sobre los bienes que les han sido confiados, pues esto configura una falta grave pasible de ser penalizada. Es decir, no puede la parte accionada pretender basarse en su propia falta para no cumplir con el deber legal que le corresponde y evadir su responsabilidad frente a los accionantes. s. Constituye una irresponsabilidad mayúscula que el MP no proceda a la entrega de un bien que se encontraba bajo su custodia, bajo el alegato baladí de que dicho bien fue sustraído de los depósitos cuya vigilancia y supervisión es su obligación, máxime cuando la especie trata de un bien que podría ser el único medio de sustento de una familia. Por demás, se trata de un comportamiento que no se ajusta a los valores y principios fundamentales del funcionamiento del MP, pues ninguna institución pública, independientemente de sus funciones, puede estar por encima de la Constitución y las leyes. En este sentido, la propia PGR, a través del pronunciamiento de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, estableció que el MP tiene el deber de mantener un inventario y una apropiada vigilancia de los bienes que se encuentran bajo su custodia por haber sido incautados. t. Analizado todo lo anterior, y luego de comprobar en la especie la negligencia y descuido de la parte accionada, Procuraduría Fiscal de La Vega, en el cumplimiento de su deber legal de custodiar y conservar la motocicleta cuya devolución demandan los accionantes, es necesario que este tribunal ordene la entrega del vehículo en favor de los accionantes, a los fines de subsanar la violación del derecho de propiedad de los mismos, sin que esto suponga la derogación del precedente anterior. (Sentencia TC/0263/23, del 18/5/2023).

8. Decisiones del MP pueden ser objetadas ante los jueces. 9.7 […] el poder que el artículo 269 del C.P.P. atribuye al MP, en el sentido de estimar, para dar inicio a la investigación, cuándo la querella reúne las condiciones de forma y de fondo, y que existen elementos para verificar la ocurrencia del hecho imputado, tampoco se erige en un obstáculo de acceso a la justicia, puesto que, como ha sido dicho, toda decisión del MP dictada al efecto de una querella puede ser objetada ante un juez, con lo cual queda protegido el derecho fundamental consagrado en el artículo 69.1 de la Constitución y en el artículo 8, acápite 1, de la CADH. (Sentencia TC/0043/13, del 23/1/2013).

9. Poder disciplinario. m. […] ley núm. 133-11, Orgánica del MP, dispone en cuanto al poder disciplinario que: “EI poder disciplinario consiste en el control sobre los miembros del MP, dirigido a asegurar el respeto de los principios que rigen sus actuaciones, y la correspondiente aplicación de sanciones”. (Sentencia TC/0601/15, del 17/12/2015).

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