Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

MINISTERIO PÚBLICO

1. Órgano del Sistema de Justicia. m. De conformidad con las disposiciones del artículo 169 de la Constitución, el MP es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. Párrafo I.-En el ejercicio de sus funciones, el MP garantizará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley. Párrafo II.-La ley regulará el funcionamiento del sistema penitenciario bajo la dirección del MP u otro organismo que a tal efecto se constituya. (Sentencia TC/0406/14, del 30/12/14).

2. Separación de funciones. 9.2 Específicamente, el artículo 22 del CPP, se encarga, en el mandato que contiene, de precisar esa separación de funciones, al disponer que el juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el MP actos jurisdiccionales. Las restantes disposiciones impugnadas se encargan de definir los tipos de acciones penales contempladas en el código; establecer la obligatoriedad de la acción pública; fijar las condiciones de su ejercicio cuando se está en presencia de la acción pública a instancia privada y de acción privada; determinar el momento de presentación del escrito de Constitución en actor civil; definir la forma y contenido de las querellas; y finalmente, fijar las condiciones de inadmisibilidad de la querella. (Sentencia TC/0043/13, del 23/1/2013).

3. Principio de unidad del MP. o. El aludido principio de unidad del MP se encuentra consagrado en el artículo 170 de la Constitución, que reza: El MP goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad”. p. Asimismo, el Art.23 la Ley núm. 133-11, Orgánica del MP, del 9/7/2011, define el principio de unidad de actuaciones en la forma siguiente: El MP es único para todo el territorio nacional. Cada miembro del MP encargado de la investigación actúa ante toda jurisdicción competente, impulsa la acusación o cualquier otro acto conclusivo, sustenta los recursos que correspondan y lo representa íntegramente en todo el territorio de la República. El Procurador General de la República puede emitir instrucciones generales para homogeneizar las actuaciones del MP. Los miembros del MP deben cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones. (Sentencia TC/0422/21, del 24/11/2021).

3.1. q. […] El referido principio tiene como principal consecuencia la configuración de un supuesto de unidad que opera desde el punto de vista orgánico y territorial. De este modo, se organiza un MP único para todo el territorio nacional y se admite la posibilidad de sustituir un fiscal por necesidad operacional o de servicio por el superior inmediato, presumiendo que cualquier actuación (acción u omisión) de sus miembros compromete al MP como institución, en virtud de que todas las actuaciones realizadas en ejercicio de la persecución penal o en defensa del organismo, derivan de la facultad de representación del Estado que recae sobre el órgano. De ahí que se conciba que el MP, en nuestro ordenamiento jurídico, actúe como un órgano unitario, de tal forma que las actuaciones ejecutadas por sus miembros se realicen por delegación involucrando al MP como órgano de la administración. r. De igual forma, en la Sentencia TC/0288/17, establecimos lo siguiente: En virtud de la indivisibilidad y unidad de este órgano estatal, al actuar uno de sus miembros en un procedimiento está representando al mismo íntegramente, ya que cada uno de ellos no actúa en su propio nombre, sino en representación de la institución a la que pertenece; en tal virtud, la acción penal puede ser puesta en movimiento o ejercida por un miembro y continuada por otro, aun cuando sea mediante la interposición de un recurso, como sucede en el caso de la especie. De ahí que, cualquier actuación –acción u omisión– de un procurador fiscal compromete al MP como entidad institucional, en virtud de que todas las actuaciones realizadas en ejercicio de sus funciones derivan de la facultad de representación del Estado que recae sobre este órgano. La doctrina internacional ha sustentado que: […] las reglas de distribución del trabajo entre sus diversos integrantes no responden, como entre los jueces, a un ideal de distribución de competencia legal (facultad jurídica concedida), sino, antes bien, a una forma burocrática necesaria (rutina) para atender los numerosos asuntos que debe tratar el oficio: de allí que el derecho de dar instrucciones para la tarea, base de la organización monocrática y jerárquica, pueda consistir, además de, en la facultad genérica de dar instrucciones, generales (válidas para varios asuntos, inclusive relativas a la distribución del trabajo) o particulares (relativas a un asunto o acto a cumplir u omitir). (Sentencia TC/0422/21, del 24/11/2021).

4. Actuación penal contra funcionarios púbicos. 11.24 Sin lugar a dudas, ambas disposiciones [arts. 85 y 288 del CPP] no solo condicionan y limitan el derecho de los ciudadanos para impulsar, por sí mismos, la acusación y actuación penal contra aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción o utilicen el poder en interés particular, lo cual, en definitiva, representa una involución de las reivindicaciones que trajo consigo el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, por cuanto sus contenidos procuran que las actuaciones penales sean monopolizadas por el MP, lo cual hace que la acción del ciudadano se convierta en la de mero colaborador de este, descansando en manos del MP todo lo relativo a la formulación de la acusación e impulso de la acción penal. Bastaría referirnos a la disposición contenida en el artículo 296 del C. P. P., de la cual se desprende que el querellante o la víctima, luego de que el MP presente acusación y les notifique, puedan hacerlo por sí mismos, o adherirse a la ya planteada por el órgano acusador.

De manera, que, si el MP decide no acusar, no habría manera de que cualquier persona pueda constituirse como querellante en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, y en las violaciones de los derechos humanos. 11.25. De manera, que ante el supuesto de que el MP decida no acusar en las querellas presentadas por particulares contra funcionarios públicos por corrupción administrativa y en las violaciones contra los derechos humanos, con lo cual los ciudadanos que hubieren accionado dependerían en sus reclamos y actuaciones de lo que decidiera el MP, sin posibilidad de accionar o solicitar medidas cautelares por sí mismos, pues la parte capital del artículo 85 del CPP dispone que deben hacerlo “conjuntamente” con aquel; y la última parte del artículo 228 del mismo cuerpo legal prescribe que la medida de coerción sólo procede a solicitud del MP, la modificación introducida por la Ley núm. 10-15 cercena la acción popular que se había previsto para este tipo de casos, implicando ello, como adelantáramos, una involución en lo concerniente a los avances que se introdujeron por la Ley núm. 76-02 respecto de las víctimas y querellantes en los delitos de acción pública, incluido el párrafo III del artículo 85 antes citado.

[Decisión: SEGUNDO: ESTABLECER que la disposición capital del artículo 85 del Código Procesal Penal de la RD, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5 y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, el término acusar conjuntamente con el MP, deberá interpretarse como una prerrogativa discrecional del ciudadano de presentar sus acusaciones o querellas de forma independiente o adherirse a la ya presentada por el MP.

TERCERO: ESTABLECER que la disposición final contenida en la parte capital del artículo 228 del Código Procesal Penal de la RD, modificado por la Ley núm. 10-15, para que sea conforme a la Constitución en sus Arts. 7, 69 y 22.5, y se apegue al criterio desarrollado en la Sentencia TC/0259/14, se lea en lo adelante de la manera siguiente: (…) En los casos de acción pública la medida de coerción procede a solicitud del ministerio público o de la parte querellante]. (Sentencia TC/0362/19, del 18/9/2019).

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba