Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

NOTIFICACIÓN

1. Requisitos de validez. b. Este tribunal entiende que la notificación a la que se refiere el artículo 95 de LOTCPC, como punto de partida del plazo para la interposición del recurso de revisión contra las sentencias emitidas por el juez de amparo, debe ser aquella que pone en conocimiento del interesado la totalidad de la sentencia y no solamente de su parte dispositiva, porque es esa notificación integral de la sentencia, en la que están incluidas las motivaciones, la que pone en condiciones a aquel contra el cual ha sido dictada, de conocer las mismas y le permiten, en ejercicio de su derecho de defensa, hacer la crítica de dichas motivaciones en su recurso. (Sentencia TC/0001/18, del 2/1/2018).

2. Ausencia de mención del plazo. f. En relación con la ausencia de mención del plazo para recurrir en revisión constitucional, consideramos oportuno indicar que la ausencia de dicha mención no es a pena de nulidad y, al ser la nulidad una sanción jurídica, para aplicarla, debe estar dispuesta expresamente en la ley. (Sentencia TC/0307/16, 20/7/2016).

3. Irregularidades. 9.1 […] que si bien es verdad que en el Acto 070/2017, […] figuran solamente notificados el señor […] e […], y no la Junta Distrital de La Entrada, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, es preciso señalar, en primer lugar, que tal circunstancia no puede ser tenida como ausencia de notificación de dicha junta, la cual ha tenido conocimiento de dicho recurso y ha depositado escrito de defensa, puesto que dicho acto fue notificado a su director, señor […], cuyas actuaciones, que han originado la acción amparo que nos ocupa, las ha cumplido en esa calidad, por lo que se entiende que dicho acto dirigido a su nombre vale también como notificación a la junta distrital que representa, en aplicación del criterio de este tribunal, consignado en su Sentencia TC/0071/13, según el cual […] un acto relacionado con procesos y procedimientos constitucionales debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, incluso cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su representante legal y ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario, cuestión que también encuentra fundamento en el principio de informalidad que figura entre las directrices rectoras del sistema de justicia constitucional instituido por el artículo 7 de la referida LOTCPC. (Sentencia TC/0328/18, del 3/9/2018).

4. Domicilio desconocido. Prueba de la validez. m. Que la notificación de la audiencia fue hecha a través del acto de citación S/N de fecha 20/06/2014, […] conforme al cual se puede verificar: a) Que la señora […], fue notificada en manos de la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, en cumplimiento al artículo 69 párrafo 7mo. del CPC, ya que esta no tenía domicilio conocido, mientras; b) Que el señor […], fue notificado en manos de su secretaria […]. n. De la lectura del párrafo anterior, se puede apreciar que las recurridas dieron cumplimiento a lo establecido en el artículo 69 del CPC, en cuanto a que las partes deben ser notificadas, a fin de que no se les violente su derecho al debido proceso; en el expediente constan varios intentos de notificaciones a la recurrida y en todos ellos aparecen notas al pie del documento en el que se hace constar que no han podido dar con el domicilio de la recurrente. (Sentencia TC/0007/16, del 19/1/2015).

5. Notificación en el extranjero. e. […] es la Ley núm. 716, sobre Funciones Públicas de los Cónsules Dominicanos, del 19/10/1944, la que regula el proceso a seguirse para notificar actos de alguacil a aquellas personas que tienen su domicilio en un lugar distinto a la R.D. La referida normativa atribuye a los funcionarios consulares la obligación de notificar los actos de alguacil a las personas que “se encuentren radicadas dentro de sus respectivas jurisdicciones”, y, por demás, dar constancia de su actuación cuando recibieren tal encargo. f. En ese sentido, una vez recibido el acto de alguacil a ser notificado, los funcionarios consulares deben procurar la asistencia del destinatario de la notificación a la oficina consular y, en su defecto, proceder a trasladarse al lugar de la residencia del destinatario, siempre que no medie una distancia superior a 50 kilómetros respecto de dicha oficina. g. La referida norma dispone, además, que los actos de alguacil que recibieren los funcionarios consulares podrán ser emitidos al destinatario, vía correo certificado, siempre que exista autorización expresa del mismo o de su representante legal. h. En la especie, consta en el expediente la comunicación emitida por la Sra. D.P., asistente consular del Consulado de la R.D. en Chicago, Illinois, EEUU, del 3/4/2013, mediante la que se hace constar la remisión de la notificación del expediente correspondiente al oficio FP-13-223, vía correo certificado, a la entidad T. F., Inc. i. Expuesto lo anterior, el TC ha podido constatar que en el presente caso no se llevaron a cabo los trámites correspondientes para realizar la notificación de la sentencia dictada, en primer grado, a la hoy recurrente, T. F., Inc., toda vez que, tal y como se evidencia en la comunicación antes descrita, la representante de la oficina consular procedió a remitir la notificación vía correo certificado; sin embargo, no hay constancia alguna de que existiere autorización para realizar el envío utilizando dicha modalidad, por lo que se infiere que en la especie no se han observado los parámetros contenidos en la Ley núm. 716. j. En adición a lo anterior, no existe documento alguno depositado en el expediente que permita constatar que dicha correspondencia fue debidamente recibida, de modo que la Primera Sala de la SCJ, al considerar buena y válida la notificación realizada –aún alejándose de sus propios precedentes sin motivación alguna– vulneró el derecho a la defensa y la garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y debido proceso, por resultar evidente que la notificación realizada no cumplió con los trámites previstos por ley a tal fin. (Sentencia TC/0296/18, del 31/8/2018).

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