Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

OMISIÓN LEGISLATIVA

1. Noción doctrinal. La doctrina ha definido la inconstitucionalidad por omisión como la falta de desarrollo de los poderes públicos con potestad normativa, durante un tiempo exorbitantemente largo, de aquellas normas constitucionales de obligatorio desarrollo, de forma tal que se imposibilita su eficaz aplicación. La inconstitucionalidad por omisión puede ser vista como un remedio eficaz frente a la inactividad del legislador que también viola frontalmente la enérgica pretensión de validez de las normas constitucionales, quedando los textos constitucionales, a la postre, sin posibilidad de ser vivida en su plenitud, precisamente, por el ocio del legislador que no observa el mandato que el Poder Constituyente delega al Poder Constituido, postergando así, diversas normas programáticas. (Sentencia TC/0079/12, del 15/12/2012).

2. Causa que la origina. 11.2. La inconstitucionalidad por omisión resulta del silencio, por un lapso considerablemente largo, del órgano legislativo de emitir normas para el desarrollo de la Ley Fundamental, en cuyo caso correspondería someter la inobservancia al control que ejerce el TC como garante de la supremacía de la Constitución y defensor del orden constitucional, debido a que el silencio del legislador puede transgredir determinadas garantías constitucionales […]. (Sentencia TC/0420/16, del 13/9/2016).

3. Vulneración de garantías constitucionales. 9.4 […] la comisión legislativa puede vulnerar garantías constitucionales, por lo que el silencio del legislador puede ser objeto de control jurisdiccional por la vía de la acción directa en inconstitucionalidad, motivo por el cual procede la admisibilidad de la presente acción y conocer el fondo de la misma. (Sentencia TC/0467/15, del 4/11/2015).

4. Vulneración a la supremacía constitucional. 10.2.3 Ese no hacer se traduce en una vulneración del principio de supremacía constitucional, que se erige en una limitante al ejercicio de la libertad del legislador y las atribuciones competenciales que le reconoce la Constitución, al extender de manera excesiva e irrazonable el plazo para el cumplimiento del mandato constitucional, impidiendo el ejercicio de algún derecho, garantía o precepto consagrado por la Constitución; en consecuencia, la omisión, puede, sin duda, configurar una infracción constitucional, conforme lo dispone el artículo 6 de la LOTCPC. (Sentencia TC/0113/21, del 20/1/2021).

5. Inconstitucionalidad por omisión absoluta. 10.2.15 Este TC, en pleno ejercicio de su misión establecida en los artículos 6 y 184 de la Constitución y 36 de la referida Ley LOTCPC, de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, al tiempo que reconoce las facultades que la Constitución establece Congreso Nacional, como poder independiente y soberano; considera que el legislador ordinario ha sobrepasado el tiempo suficiente, razonable y prudente para dictar las leyes reservadas en los artículos 203, 210 y 272, lo que ha derivado en la configuración de una comisión legislativa absoluta, por incumplimiento del mandato constitucional, lo que ha privado a los ciudadanos del derecho de ser consultados en sus opiniones puedan ser consideradas previo a la toma de grandes decisiones nacionales. (Sentencia TC/0113/21, del 20/1/2021).

6. Se debe plantear por el control concentrado. 8.11 […] la acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa solo puede ser planteada por el TC a través del control concentrado, por lo que el tribunal es el órgano competente para conocer de la infracción constitucional que pudiere surgir por la inactividad legislativa en aquellos casos que la Constitución pone a cargo del legislador la obligación de dictar normas complementarias a disposiciones contenidas en la misma; lo anterior se encuentra asidero en el rol de garante de la Constitución y de su supremacía que ha asignado el constituyente al TC, lo que incluye el conocimiento de las infracciones constitucionales que pudieran suscitar por el no hacer de los poderes públicos que han recibido un mandato constitucional y que pasado un tiempo prudente, han omitido cumplir. (Sentencia TC/0113/21, del 20/1/2021).

7. Competencia del TC. 8.10. En el presente caso, se procura el ejercicio de un control de constitucionalidad respecto de una comisión legislativa, lo que sin dudas implica un ejercicio de control abstracto, que, en tal virtud, solo puede ser abordado a través de la acción directa de inconstitucionalidad, en este caso, por la posible omisión que hubiere podido incurrir el legislador tras no obedecer el mandato establecido por el constituyente. Así, la omisión legislativa puede ser absoluta, cuya configuración se materializa ante la inacción total del legislador de abocarse a dictar una norma respecto de la que existe una reserva de ley en el texto fundamental; y relativa, en aquellos casos en los que el desarrollo legislativo deviene en incompleto y, en consecuencia, puede tener como resultado que el derecho fundamental o la norma a complementar se vea limitada en su plena aplicación. 8.11. De lo anterior, se infiere que la acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa solo puede ser planteada por el TC a través del control concentrado, por lo que, este tribunal es el órgano competente para conocer de la infracción constitucional que pudiere surgir por la inactividad legislativa en aquellos casos en que la Constitución pone a cargo del legislador la obligación de dictar normas complementarias a disposiciones contenidas en la misma; lo anterior se encuentra asidero en el rol de garante de la Constitución y de su supremacía que ha asignado el constituyente al TC, lo que incluye el conocimiento de las infracciones constitucionales que pudieren suscitar por el no hacer de los poderes públicos que han recibido un mandato constitucional y que pasado un tiempo prudente, han omitido cumplir. (Sentencia TC/0113/21, del 23/1/2021).

8. Fundamentos de la competencia. 8. […] Sobre este punto, conviene puntualizar que la Constitución no reguló de forma expresa la potestad del TC de controlar la constitucionalidad de las omisiones legislativas absolutas, contrario a lo que ocurre en otros países como Venezuela o Brasil. Sin embargo, habiéndose creado el TC en el artículo 184 para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales resulta lógico sostener que este colegiado constitucional posee competencia para controlar la constitucionalidad de las omisiones legislativas absolutas, debido a que el carácter normativo de la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales que ella proclama y garantiza no se cristalizarían plenamente si el legislador omite regular aquello que ha sido ordenado por el constituyente. En otras palabras, apelar a una interpretación formalista, en virtud de la cual solo es admisible el control concentrado de constitucionalidad cuando existe un enunciado normativo infraconstitucional que se pueda confrontar con alguna norma de rango constitucional, provocaría un efecto indeseado: incentivar que el legislador pueda burlar y desconocer el carácter normativo de la Constitución. De ahí que, a fin de evitar que el poder constituido no se someta a la voluntad del poder constituyente, resulte necesario confiar en el TC la competencia de controlar la constitucionalidad de las omisiones legislativas absolutas. La facultad que posee el TC para controlar la constitucionalidad de una omisión legislativa absoluta deriva del principio de supremacía constitucional contenido en el artículo 6 de la Constitución, en virtud del cual se establece, entre otras cosas, que todos los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. De modo que, al ser el Poder Legislativo un órgano que ejerce potestades públicas, resulta obvio que se encuentra sujeto a la Constitución y, por vía de consecuencia, su inactividad irrazonable en dar cumplimiento a los mandatos constitucionales constituye una omisión que debe ser fiscalizada por este tribunal en su rol de garante de la supremacía constitucional. (Sentencia TC/0042/23, del 23/1/2023).

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