Diccionario de Jurisprudencia Constitucional

POTESTAD SANCIONADORA

1. Fundamento constitucional. b. Nuestra Carta Magna reconoce, en su artículo 40.17, la potestad sancionadora de la Administración Pública, al disponer: “En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la Administración Pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de libertad”. De ese modo queda establecido que entre las potestades que por ley, puede tener la Administración está la de sancionar determinadas violaciones a las leyes, por lo que se infiere que el legislador dispone una reserva de ley para establecer una variedad de sanciones administrativas, entre las que pueden figurar multas administrativas y como es el caso del texto legal objeto de esta acción, con la única limitación de no imponer sanciones administrativas que supongan una pena privativa de libertad. p. Asimismo, el Tribunal precisó que Este tribunal ha reconocido en su jurisprudencia constitucional la constitucionalidad de la potestad sancionadora de los órganos de la Administración Pública. En efecto, en su Sentencia TC/0169/14, se expresó: En tal virtud, el régimen sancionatorio contenido en el Reglamento 71- 03, y atacado en la presente acción directa en inconstitucionalidad, pasa también a formar parte de la potestad sancionadora de la administración tributaria, a raíz de la comisión de las infracciones de tal naturaleza y cuyo régimen jurídico está contenido en el Código Tributario. (Sentencia TC/0020/17, del 11/1/2017).

2. La administración puede graduar reglamentariamente las sanciones. v. […] la potestad de especificar y graduar – por vía reglamentaria – las infracciones y/o sanciones; y de aplicar sanciones administrativas – multas – y sanciones pecuniarias que le ha sido conferida a la Administración, en este caso al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), dentro del rango de acción que le ha sido conferido en la materia que nos ocupa, no viola el principio de legalidad ni el principio de reserva de ley, sino que sienta las bases para castigar aquellos comportamientos violatorios a la norma por parte de una entidad de la administración pública idónea para dicha encomienda y que además como bien se desprende del propio artículo 24, las infracciones no podrán ser más beneficiosas para el infractor que el cumplimiento de la norma. w. Lo anterior en modo alguno proclama un espacio de discrecionalidad en favor del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), como arguye la accionante, pues el poder sancionador administrativo le ha sido, además, conferido mediante la LOTCPC que lo reorganiza, es por ello que a la luz de lo dispuesto en el texto del artículo 11 de la LOTCPC, que complementa las disposiciones de la Ley 17-19, dicho artículo desarrolla una fórmula aplicable a toda persona física o jurídica que, por acción u omisión, trasgreda o viole la ley, normas, reglamentos y demás disposiciones que la complementan y que consiste en la aplicación de la imposición de las siguientes sanciones administrativas: 1) La suspensión provisional de la licencia, permiso o autorización de que se trate, por hasta treinta días en la primera ocasión en que sean sorprendidos en falta, multa de diez a cien salarios mínimos nacionales, o ambas sanciones a la vez; 2) En caso de reincidencia, la suspensión provisional de la licencia, permiso o autorización por hasta sesenta días, y multa de ciento uno a trescientos salarios mínimos nacionales, o ambas sanciones a la vez; 3) La cancelación definitiva de la licencia, permiso o autorización en la tercera ocasión en que sean sorprendidos en falta, o multa de trescientos uno a mil salarios mínimos nacionales, o ambas sanciones a la vez. x. Lo anterior, permite claramente evidenciar que respecto a la supuesta ausencia de un quantum para la fijación de multas por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en el cuerpo de la Ley núm. 17-19, dicho Ministerio en uso de su potestad sancionadora y que le ha sido habilitada por medio de la Ley núm. 17-19, debe en todo momento ceñirse a las disposiciones contenidas en la LOTCPC, pues precisamente su actuación se encuentra limitada por lo previamente señalado y, en tal virtud, la fijación de las sanciones se encuentra supeditada a la norma que reorganiza dicho Ministerio y en adición, a aquellas preceptuadas en la citada Ley núm. 107-13. (Sentencia TC/0030/22, del 26/1/ 2022).

3. Requisitos previos a su imposición. […] no podrán imponerse sanciones sin antes instruir el proceso correspondiente, basados en los principios de legalidad, objetividad, presunción de inocencia, defensa y audiencia. De manera específica, el artículo 156 de la referida ley indica que, dependiendo de la gravedad de la falta incurrida, las sanciones disciplinarias susceptibles a los miembros policiales son: 1) la suspensión sin disfrute de sueldo por hasta noventa días o la destitución, 2) suspensión sin disfrute de sueldo de hasta treinta días, pérdida del derecho de ascenso por un año o multa de diez salarios mínimos y 3) suspensión de funciones sin disfrute de sueldo de cuatro a diez días o amonestación. En correspondencia con lo anterior, el artículo 158 de la misma ley le atribuye competencia al presidente de la República cuando la sanción a imponer sea la destitución de un miembro de dicho cuerpo. (Sentencia TC/0161/19, del 5/6/ 2019).

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